10-10-2022

El pasado mes de junio el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. El objeto de esta regulación es reducir la cantidad de comida sin consumir que va a parar a la basura y promover un mayor aprovechamiento de los alimentos. Según comentó durante su presentación el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en España se han cuantificado unas pérdidas de 31 kg de alimentos por habitante y año, lo que a su vez supone una pérdida de unos 250 euros para cada miembro de una familia.

La ley, que podría entrar en vigor el próximo año, tiene como destinatarios a todos los elementos de la cadena alimentaria, desde los productores del sector primario hasta las familias, pasando por la industria y la distribución, e impone obligaciones y sanciones a empresas y profesionales, y también trata de concienciar a los consumidores, puesto que el 40% de la pérdida se produce en la venta al por menor o en los hogares. 

Entre las medidas más importantes que se incluyen en el texto se encuentra la obligación para los restaurantes de ofrecer al cliente llevarse las sobras de su comida en envases “aptos para el consumo, reutilizables y fácilmente reciclables” sin coste adicional. Los supermercados deberán vender a precios rebajados los alimentos imperfectos en términos estéticos, así como aquellos que se están acercando a su fecha de consumo preferente. En el caso de que todavía queden excedentes, las empresas suscribirán convenios con bancos de alimentos, ONGs y entidades gestoras de comedores sociales para donarlos. Como últimos recursos, los alimentos no vendidos se destinarán a la elaboración de zumos o mermeladas, y si el consumo humano ya no está garantizado, se emplearán para alimentar al ganado, elaborar piensos, compost o biogás. También se obligará a todos los agentes de la cadena a disponer de un plan de prevención para evitar los excedentes. El texto establece multas de entre 2.000 y 60.000 euros para las infracciones graves cometidas por las empresas que no cumplan estas medidas y de hasta 500.00 euros por reincidencia.

Falta de ambición

La fundación Espigoladors, que trabaja desde 2014 para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en distintos ámbitos, ha criticado la ley describiéndola como “poco ambiciosa” en lo que respecta al objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita de cara a 2030. La fundación hace hincapié en la poca presencia de mecanismos de prevención y cuantificación de las pérdidas alimentarias en el sector primario. En este sentido, reivindica también que la nueva ley incluya la regulación del espigueo, actividad que desarrolla en distintas zonas agrícolas para recuperar excedentes que, a pesar de ser totalmente comestibles, han quedado sin salida comercial—por cuestiones estéticas o por caídas de precios, entre otros motivos— y distribuirlos a entidades sociales que atienden personas con situaciones de precariedad alimentaria. “El espigueo nos permite visibilizar la punta del iceberg de un sistema agroalimentario insostenible y que conduce a la precarización del campesinado”, comenta su presidenta, Mireia Barba. 

A pesar de que Espigoladors considera positivo el requisito de desarrollar planes de prevención, insiste en la necesidad de que para poder conseguirlo las empresas reciban apoyo económico y acompañamiento, especialmente las pequeñas y medianas. Asimismo, insiste en la necesidad de que la ley incluya “mecanismos de vigilancia desde la administración para garantizar su cumplimiento y ejecución de forma adecuada por parte de las empresas”, puesto que el texto relega muchas de estas cuestiones a buenas prácticas o colaboraciones voluntarias.

Espigoladors critica en términos generales que muchas de las aportaciones de las entidades expertas no han sido incorporadas en el texto final, y reivindica la “necesidad de hacer una ley verdaderamente valiente ante este reto ambiental y social”. 

Compromisos e información

Desde la organización Too Good To Go -dedicada a conectar a través de una aplicación a los consumidores con restaurantes, supermercados y tiendas de alimentación para adquirir a precios rebajados sus excedentes- consideran que la ley supone un “importante hito” en materia de desperdicio alimentario en España y valoran muy positivamente la inclusión de disposiciones relativas a la venta a precios rebajados de los productos imperfectos y próximos a la fecha de caducidad o consumo preferente. Sin embargo, coinciden con Espigoladors en que la prevención debería ocupar el primer puesto en la jerarquía de prioridades, tal como se establecía en la primera versión del texto, “como una de las piezas angulares en la batalla contra el desperdicio, tal y como se prevé en la ley francesa contra el desperdicio alimentario desde el año 2016”, señala Victoria Albiñana, public affairs manager de Too Good To Go España. 

Además, señalan que en la ley no se contempla la posibilidad de permitir la venta de productos con la fecha de consumo preferente sobrepasada, lo que sí ocurre en países como Australia. “El etiquetado de fechas en los alimentos es responsable del 10% de toda la comida que se desperdicia en la Unión Europea, casi 9 millones de toneladas anuales. En países como Francia se puede modificar el etiquetado de productos para informar al público de que el producto se puede consumir con la fecha de consumo preferente sobrepasada. En la nueva versión de la ley ya no obliga a los operadores de la cadena a impulsar medidas que incentiven la venta de este tipo de productos. Se contempla como algo opcional”.

Victoria Albiñana apunta a que la ley quizá debería ser más ambiciosa y concretar los objetivos de reducción de desperdicio por año, tal y como prevén leyes similares de otros países. “Esto facilitaría fijar el rumbo a seguir para alcanzar los objetivos que tenemos como país a la hora de cumplir con los ODS. Países como Noruega cuentan con acuerdos público-privados en los que sectores a lo largo de la cadena de valor alimentaria adquieren también compromisos específicos”. Asimismo, señala que la ley prevé que las autoridades cuantifiquen la cantidad de alimentos desperdiciados por el consumidor dentro y fuera del hogar, cuando desde Too Good To Go creen que “para combatir el desperdicio alimentario entre todos será importante disponer de toda la información posible a lo largo de toda la cadena de valor y no solo del último eslabón”. 

Contra el ‘prestigio de tirar”

En el ámbito de la restauración, la cocinera Ana Parellada, chef del restaurante Semproniana de Barcelona que desde hace muchos años se ha significado por su activismo y sus iniciativas de concienciación en torno a estos temas y que participó hace años en los albores de la gestación de esta ley, considera que lo más importante, más allá de los defectos de la ley, es la visibilización del problema. “Aprobar una ley y que todos los medios hablen de ella muestra esta disfunción del sistema y pone el despilfarro en boca de todos. Me parece incluso más importante como campaña de comunicación que como ley” en sí misma”.

En cuanto a la medida que obliga a los restaurantes a ofrecer envases para que el cliente se lleve la comida sobrante, Parellada recuerda que esto “es hoy bastante habitual, aunque hace cinco años era impensable. Pero tenemos ir más allá, porque aunque tengamos recipientes compostables, tampoco son sostenibles. El siguiente paso es que nos llevemos nuestro propio tupper al restaurante y pedir que nos lo llenen, porque de lo contrario ese recipiente de un solo uso destruye tu buen hacer”.

Parellada apunta a que, aunque en el mundo de la restauración se viene tradicionalmente de una cocina de aprovechamiento, “hubo un momento en que cambió la forma de trabajar en las cocinas y empezó a surgir lo que yo llamo ‘el prestigio de tirar’: de pronto la estética era más interesante que la receta, se valoraba el plato en función de cómo se presentaba y empezamos con esta locura de que las sandías tenían que ser cuadradas, el atún rectangular, las patatas esféricas… y todo lo que sobraba de la manipulación para conseguir estas formas geométricas se tiraba a la basura. Y también pasamos de elaborar croquetas y canelones con las sobras a cocinar pollo expresamente para hacerlos”.

La chef catalana apunta también a que una de las causas del problema es que resulta más barato tirar que aprovechar y que la presión sobre quienes ejercen malas prácticas debe venir de arriba y de abajo. “La administración tiene la responsabilidad de penalizar y también de premiar, con rebajas fiscales o lo que sea, a aquellos agentes que trabajan bien. Por su parte, el consumidor ha venido ejerciendo también una presión con su cambio de mirada y de hábitos de consumo, castigando a ciertos establecimientos no comprando en ellos. El consumidor presiona hacia arriba, la administración hacia abajo y en medio estamos nosotros, como el jamón del bocadillo, agentes, empresas y organizaciones que trabajamos en este mundo y sentimos esa presión”.

Parellada concluye que esta ley no es otra cosa que “el resultado de la lucha, del empujón que está dando el consumidor, porque los activistas no somos otra cosa que consumidores y nuestro objetivo es conseguir que el consumidor final, que es quien tiene el poder (que no la responsabilidad) en este tema, cambie su lente y encuentre que tirar alimentos es de una miopía total. Si entre todos conseguimos modificar esta mirada, esta cultura, si conseguimos crear un hábito casi inconsciente, habremos logrado algo muy importante”.

Ausencia de consenso con las comunidades autónomas

Por otra parte, el proyecto deja en gran medida en manos de los gobiernos autonómicos el desarrollo de planes estratégicos en el futuro, lo que también está suscitando inquietudes. Desde Elika, la fundación impulsada por el Gobierno Vasco para la mejora de la seguridad alimentaria en Euskadi, que desde 2018 está trabajando en un plan para luchar contra el despilfarro de alimentos, consideran que ha habido una falta de diálogo con las comunidades autónomas. “No sabemos muy bien en qué va a consistir esto, porque no nos han trasladado nada, no hemos tenido ningún feedback y no sabemos qué esperan de nosotros -afirma su directora Arantza Madariaga- Si nos va a tocar gestionar esto, nos gustaría que hubiesen consensuado toda esa parte con nosotros. No sabemos por dónde van a ir las cosas, para qué período habrá que plantear los planes… Y por otro lado muchas comunidades ya estamos trabajando por nuestra cuenta e incluso Cataluña tiene su propia ley”.

Madariaga se queja asimismo de que el texto se centre más en las obligaciones que en las soluciones. “Gestionar los excedentes alimentarios no es algo que se pueda hacer de cualquier forma, no es tan fácil. Y no hay soluciones para todo, hay que crearlas. Requiere un margen de tiempo, investigación, innovación… No se trata de ponerse a obligar y sancionar a las empresas desde el día 1 de enero. Nosotros hemos hecho un diagnóstico de Euskadi en cada eslabón de la cadena, buscando las causas por las que se produce el despilfarro en cada punto, y ahora estamos trabajando en cómo ayudar a las empresas a reducir ese desperdicio, haciendo pilotos en subsectores determinados, revalorizando excedentes para alimentación animal e incluso buscando empresas fuera de la cadena alimentaria que puedan abrir nuevas vías de negocio a partir de esos excedentes. Hay que ir dando este tipo de salidas y no solo decir que a partir de mañana no se puede desperdiciar nada. Nos puede parecer bien que haya una ley, porque es una forma de ponernos las pilas, pero se puede hacer de otra manera”.