17-2-2023

Chocolatinas, pastelitos, helados, galletas, zumos industriales, refrescos, cereales para el desayuno y demás dulces y productos de comida rápida desfilan en España prácticamente sin ninguna clase de control por las múltiples pantallas a las que los niños están expuestos cada día, acompañados de mensajes que hablan de amistad, diversión, energía, fuerza, vitalidad (cuando no directamente de salud, en ocasiones incluso respaldados por el sello de expertos con pocos escrúpulos) y de personajes animados que atrapan sin remedio la atención de los más pequeños.

La relación entre este tipo de anuncios y las cifras de sobrepeso y obesidad en los menores ha sido objeto de numerosos estudios, entre otros uno elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del marketing de estos productos dirigido a los niños en los distintos países de la Unión Europea. La propia OMS situaba a España en un informe publicado recientemente en los primeros puestos de Europa en lo que respecta a prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esas cifras las concretaba la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el último Estudio Aladino, en el que indicaba que 4 de cada 10 niños tienen exceso de peso en España. De manera más precisa, el 23% de ellos presenta sobrepeso y el 17,3% obesidad. Entre estos últimos, el 4% sufre obesidad severa.

Según Miguel Ángel Royo-Bordonada, investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública y experto en este tema, “este tipo de publicidad influye claramente en las preferencias de los menores, en las peticiones de compra a los padres y el consiguiente consumo de estos alimentos, que impactan negativamente en su salud”. Según las cifras que él mismo maneja, se estima que un niño recibe mensualmente en España una media de más de 1.000 impactos de publicidad sobre alimentos no saludables, más de 300 por televisión y alrededor del doble a través de internet, y eso sin contar los anuncios en exteriores. Tal como recoge en un artículo recientemente publicado en Gaceta Sanitaria, más del 75% de los productos que se anuncian en las principales cadenas de televisión en horario infantil son alimentos considerados no saludables por su elevado contenido en azúcares, grasas y sal. `

Un regulación que no llega

En España, la publicidad alimentaria dirigida a la infancia se rige desde 2005 por el código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud (PAOS), que está centrado en las técnicas de marketing de las empresas anunciadoras, pero no regula la calidad nutricional de los productos anunciados ni la frecuencia de exposición de los niños.

En 2017 el Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con la industria alimentaria para tratar de mejorar al menos la composición de esos alimentos y bebidas, en el que se establecía el compromiso de reducir una media del 10% de azúcares, grasas saturadas y sal en un periodo de tres años, lo que, según el mencionado artículo de Royo-Bordonada, no se cumplió. “Además – apunta el investigador – algunos productos quedaron fuera de este acuerdo, como es el caso de los refrescos de cola, aunque, curiosamente sí se incluían los de lima-limon, que tienen un consumo bajísimo en comparación con los primeros, que constituyen el 50% de ese consumo”.

A pesar de que hace años que tanto la OMS como los expertos están instando a los gobiernos a tomar medidas reales para la restricción de estos anuncios dirigidos a los menores, por ahora el ejecutivo español está dando largas. De hecho, desde marzo del año pasado el Gobierno tenía preparado el borrador de un real decreto que por primera vez introducía una norma de rango legal -no sujeta a la voluntad de anunciantes y medios y con sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas- que, según estimaciones de su principal impulsor, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, podría reducir en un 25% la tasa de obesidad infantil para 2030 a través de la regulación de esa publicidad. Sin embargo, el decreto no ha sido incluido en el Plan Normativo Anual del Gobierno para 2023.

Las normas de otros países

Esto nos distancia de países con normativas más restrictivas, como Portugal o el Reino Unido. En el primer caso, la legislación prohíbe la promoción de productos no saludables en radio y televisión en horario infantil y en la media hora anterior o posterior de la emisión de programas dirigidos a menores. El incumplimiento por parte de las empresas puede suponer multas de hasta 45.000 euros. En el segundo, desde 2024 se prohibirá la publicidad de este tipo de alimentos y bebidas en televisión e internet entre las 5:30 de la mañana y las 9 de la noche, con lo que se aspira a eliminar de la dieta infantil del país más de 7.000 millones de calorías al año y reducir el número de niños obesos en más de 20.000.

Royo-Bordonada admite que los expertos están preocupados por el retraso en la aprobación del decreto español, si bien no lo consideran ideal y, en su opinión, presenta muchas lagunas, aunque “en cualquier caso supondría un avance con respecto a lo que teníamos, que es prácticamente nada, porque en realidad cualquier producto puede ser anunciado”.

Entre los principales defectos de este texto, Rayo-Bordonada señala que implantaría la prohibición de este tipo de anuncios tan solo en el horario considerado infantil “lo que deja fuera el tramo de 10 a 12 de la noche, que es de hecho el de mayor audiencia infantil en España. El segundo es el de 8 a 10, que ahora mismo está fuera del horario de protección reforzada. Más de un millón de niños están delante de la televisión a esas horas, por lo que no estarían protegidos. Nuestros hábitos son distintos a los del Reino Unido, donde cenan y se acuestan antes, por lo que no podemos establecer el mismo tipo de horario”.

Vulneración de derechos

El investigador recuerda que este tipo de publicidad conculca varios derechos de los niños. “En primer lugar, el derecho a la salud, pero también a una información veraz, a la no discriminación, porque hasta los 8 o 10 años no tienen capacidad para distinguir qué es publicidad y detectar su intención persuasiva, el derecho a la intimidad y a la privacidad, que se ve vulnerado cuando la publicidad a través de internet se personaliza en función de los datos que se recogen de los niños, y también el derecho a una educación en hábitos saludables, porque, en cierto modo, todos estos anuncios constituyen una contraeducación”.

A pesar de todo esto, en los últimos días el Ministerio de Agricultura se ha posicionado en contra de las restricciones que el borrador del real decreto incluía en su texto, lo que puede terminar frenando por completo la implantación de una norma que, según concluye Royo-Bordonada, “ni siquiera era una propuesta de máximos, pero aun así la industria se ha opuesto tenazmente y parece que está consiguiendo que el Gobierno incline la balanza hacia congelarla, lo cual es dramático”.